Colaboración público-privada en el cuidado de mayores: ¿una solución efectiva ante la alta demanda?

 La demanda de atención a personas mayores dependientes está creciendo a un ritmo que las administraciones públicas, por sí solas, difícilmente pueden sostener. En este contexto, se plantea la colaboración público-privada como una posible solución para ampliar y mejorar los cuidados de larga duración. ¿En qué consiste esta colaboración? ¿Es realmente efectiva y beneficiosa para los mayores? En este artículo exploramos cómo la sinergia entre sector público y empresas/entidades privadas está jugando (y puede jugar) un papel clave para atender la alta demanda de plazas y servicios geriátricos en España.

Un panorama de demanda desbordada

El sistema público de atención a la dependencia en España, aunque ha avanzado desde la Ley de Dependencia de 2006, enfrenta limitaciones evidentes. El envejecimiento acelerado de la población (con miles de personas entrando cada año en edad muy avanzada) hace que la lista de espera para servicios de ayuda a domicilio, centro de día o plaza residencial sea larga. Se mencionó en la mesa redonda un dato elocuente: más de 133.000 personas están esperando recibir atención de dependencia, ya sea porque tienen grado reconocido pendiente de servicio o porque ni siquiera han sido evaluadas aún.

Ante esta realidad, los expertos son claros: “es muy difícil que la administración tenga recursos suficientes para dar respuesta a esta demanda que está creciendo constantemente”. La infraestructura y financiación pública por sí solas no alcanzan. De hecho, actualmente el 75% de las residencias de mayores en España son de titularidad privada, frente a un 25% públicas. Es decir, el sector privado (ya sea lucrativo o gestionado por entidades sin ánimo de lucro) ya proporciona la mayor parte de las plazas disponibles. En muchas comunidades autónomas, las plazas públicas son escasas y se complementan con plazas concertadas en centros privados (plazas financiadas parcialmente por el Estado en residencias privadas).

Potenciar la colaboración, una necesidad evidente

La colaboración público-privada en este ámbito implica que las administraciones se apoyen en empresas y entidades especializadas para proporcionar los cuidados, bajo regulación y supervisión pública. En la práctica se concreta en fórmulas como:

• Plazas concertadas en residencias privadas: El Estado o la comunidad autónoma financia un número de plazas en centros privados, de modo que los usuarios (mayores dependientes con derecho a prestación) puedan ocuparlas pagando lo mismo que en una pública. Esto incrementa rápidamente la oferta disponible sin necesidad de construir residencias propias a corto plazo.
• Conciertos de centro de día y ayuda a domicilio: Similar al caso anterior, gobiernos locales o autonómicos contratan con empresas/ONG la gestión de centros de día o servicios domiciliarios.
• Colaboración en nuevas construcciones: Modelos de cofinanciación donde la iniciativa privada construye o gestiona un centro en suelo público, o viceversa, compartiendo inversión y riesgo.

Según explicó un representante del sector, potenciar esta colaboración es imprescindible para cubrir el déficit de plazas: “uno de esos recursos alternativos que se tienen que plantear tiene que ser a base de potenciar la colaboración público y privada, porque la estructura de las distintas administraciones no va a dar respuesta a la gran demanda”. En otras palabras, solo con residencias 100% públicas no llegaremos a atender a todos los mayores que lo van a necesitar en los próximos años.

Ventajas y consideraciones de la colaboración público-privada

Entre las ventajas de este modelo, destacan:

• Agilidad y rapidez: Montar una residencia pública nueva puede llevar muchos años (terreno, presupuesto, licitación, obras…). En cambio, concertar plazas con centros privados que ya existen permite absorber demanda de forma más inmediata. En Europa se calcula que harán falta cientos de miles de camas adicionales en residencias; tirar de recursos privados es una forma de acelerar la respuesta.
• Experiencia y especialización: Muchas entidades privadas (incluyendo ONGs especializadas, cooperativas, órdenes religiosas, empresas geriátricas) tienen décadas de experiencia y buenas prácticas en el cuidado de mayores. Colaborar con ellas permite aprovechar ese know-how. Por ejemplo, asociaciones como LARES (que agrupa residencias sin ánimo de lucro) o empresas como Caser Residencial aportan modelos innovadores y personal capacitado.
• Compartir costes: La financiación compartida alivia la carga sobre las arcas públicas. El Estado paga una parte por plaza (a veces alrededor del 50% del coste) y el resto suele ser aportado por el usuario (con su pensión) o la propia entidad. Esto hace viable económicamente atender a más gente que si la administración tuviera que costear el 100% de plazas públicas.

No obstante, la colaboración público-privada debe implementarse con garantías para evitar problemas. Es esencial que el sector público:

• Regule y supervise la calidad de los centros privados con plazas concertadas, asegurando que cumplen los estándares (ratios de personal, formación, instalaciones, etc.). La inspección ha de ser rigurosa para que la búsqueda de beneficio económico no merme la calidad asistencial.
• Establezca precios de concierto adecuados: Deben ser suficientes para que el centro pueda dar buena atención (con personal y materiales necesarios) pero a la vez eficientes para las arcas públicas. Actualmente, como se mencionó en el debate, existen diferencias grandes entre lo que pagan distintas comunidades por una plaza concertada, lo cual habría que homogeneizar y ajustar.
• Transparencia y equilibrio: Seleccionar colaboradores serios y solventes, y evitar situaciones de monopolio o amiguismo. Hay que garantizar la transparencia en las adjudicaciones de conciertos y que realmente se escoja a quien ofrezca la mejor atención por el mejor costo.

Cuando estas condiciones se cumplen, la colaboración público-privada puede ser muy beneficiosa. Un ejemplo interesante mencionado en la mesa redonda es cómo en la Región de Murcia se elaboró un nuevo decreto de acreditación de centros contando con la opinión de los actores del sector (asociaciones y entidades). Esta cooperación en la propia normativa indica un camino donde público y privado colaboran no solo en la prestación de servicios, sino también en diseñar juntos cómo deben ser esos servicios.

Conclusión: Hacia un modelo mixto bien entendido

Frente a la alta demanda de cuidados de mayores, la colaboración público-privada se perfila no solo como una solución efectiva, sino probablemente como la única vía realista para cerrar la brecha entre necesidades y recursos. Lejos de privatizar la atención, se trata de sumar esfuerzos: el sector público garantiza equidad, accesibilidad y control de calidad, mientras el sector privado aporta agilidad, inversión y especialización.

Como sociedad, debemos exigir que esta colaboración sea transparente, ética y centrada en el bienestar de los mayores. Informarse es clave: si tienes un familiar esperando plaza, averigua si en tu región existen plazas concertadas y cuáles son los criterios. Y a nivel general, apoyar un Pacto de Estado (ver artículo sobre el Pacto Nacional por la Dependencia) ayudaría a establecer marcos estables para esta colaboración. En definitiva, la pregunta no es público o privado, sino cómo combinar ambos inteligentemente para que ningún mayor que necesite cuidados se quede sin atender. Los mayores se lo merecen y el reto demográfico nos obliga a todos a arrimar el hombro.

Vídeo completo de la mesa redonda “Presente y Futuro de las Residencias“